La democracia puede deteriorarse sin que desaparezcan las elecciones. Basta con que la conversación pública reduzca la Presidencia a una competencia de notoriedad, frases virales y adhesiones personales. Cuando la audiencia sustituye el examen de capacidades, el voto sigue existiendo, pero llega a las urnas después de un proceso empobrecido: se elige una imagen antes que una forma de gobernar.
Santiago Matías ha demostrado capacidad para construir empresas de comunicación, interpretar el interés popular y movilizar comunidades digitales. Negar esos logros sería poco serio. Tampoco equivalen, por sí mismos, a experiencia para conducir el Poder Ejecutivo. Administrar el Estado implica ejecutar un presupuesto nacional, coordinar ministerios, dirigir relaciones exteriores, responder ante crisis, respetar límites constitucionales y aceptar que muchas decisiones requieren procedimientos, evidencia y controles que no pueden resolverse con la velocidad de una transmisión en vivo.
La Constitución de 2024 fija condiciones jurídicas mínimas para aspirar a la Presidencia: nacionalidad dominicana de nacimiento u origen, treinta años de edad, ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos y ausencia del servicio militar o policial activo durante los tres años previos. No exige un título universitario, experiencia ministerial ni una carrera política. Esa apertura protege el derecho a elegir y ser elegido. Sin embargo, una habilitación legal no funciona como certificado de competencia. Cumplir el mínimo constitucional permite competir; no obliga a la ciudadanía a considerar que una persona está preparada.
Ese matiz importa porque la respuesta democrática a una candidatura preocupante no consiste en inventar impedimentos ni pedir que una institución la elimine por anticipado. Consiste en someterla a preguntas difíciles. ¿Cuál es su programa verificable? ¿Quiénes integrarían su equipo económico, jurídico, sanitario, educativo y diplomático? ¿Qué experiencia poseen? ¿Cómo se financiaría cada promesa? ¿Qué mecanismos impedirían que el gobierno se convierta en una extensión de su empresa, su cabina o su círculo personal?
También debe examinarse el temperamento. El poder presidencial no elimina la crítica; la multiplica. Un gobernante recibe oposición, sátira, investigaciones, decisiones judiciales adversas y presiones simultáneas. La capacidad para tolerar el desacuerdo, corregir errores, separar lo personal de lo público y renunciar a la humillación como método no es un detalle de estilo. Es parte de la seguridad institucional, porque una reacción impulsiva desde el Estado puede afectar derechos, reputaciones, contratos, nombramientos y relaciones internacionales.
La improvisación se vuelve peligrosa cuando intenta compensarse con lealtad. Un presidente sin conocimiento del aparato público puede depender excesivamente de un grupo cercano, confundir confianza personal con idoneidad y distribuir responsabilidades como recompensa. International IDEA subraya que la calidad de la gobernanza depende tanto de la democracia como de una administración pública eficiente, honesta y competente. Los servidores profesionales aportan continuidad y conocimiento, pero necesitan una conducción política que comprenda sus límites, formule prioridades y responda por las consecuencias.
Dominicanos Primero tiene derecho a organizarse, reunir apoyos y solicitar reconocimiento conforme a la ley. También tiene la responsabilidad de demostrar que es más que una maquinaria de popularidad. Una organización que pretende gobernar debe presentar estatutos funcionales, democracia interna, financiación transparente, criterios de selección, propuestas sometidas a cálculo y un equipo capaz de disentir de su figura principal. Sin esas pruebas, la promesa de renovación corre el riesgo de ser solamente personalismo con una marca nueva.
El peligro para la democracia no es que una persona ajena a los partidos tradicionales participe. La alternancia y la entrada de nuevos liderazgos pueden fortalecer el sistema. El peligro aparece cuando el cansancio con la política lleva a rebajar las exigencias precisamente frente a quien promete reemplazarla. Castigar a las élites entregando el Estado a la improvisación no corrige sus fallas; puede ampliarlas.
Antes de convertir a Santiago Matías en candidato presidencial, sus promotores deberían demostrar qué sabe hacer fuera del terreno donde ya triunfó, qué reconoce que todavía no sabe y de quiénes aceptaría orientación y control. La ciudadanía, por su parte, debe exigir documentos, equipos, debates y respuestas concretas. La Presidencia no es un premio por alcance, riqueza o capacidad de entretenimiento. Es una responsabilidad sobre instituciones que pertenecen a todos, incluidos quienes nunca darían un “me gusta” al gobernante.
La defensa democrática comienza antes del día de las elecciones. Empieza cuando dejamos de preguntar cuántos seguidores tiene un aspirante y comenzamos a preguntar qué ocurriría con el presupuesto, la justicia, la educación, la seguridad, la diplomacia y los derechos ciudadanos bajo sus decisiones. Si una candidatura no puede sobrevivir ese examen, el problema no es la severidad de las preguntas. El problema es la fragilidad de la propuesta.