Ramón Tolentino hizo algo que las autoridades debieron haber hecho antes: regresó a lugares señalados en dos versiones enfrentadas y encontró objetos que presentó como posibles indicios balísticos. Esa iniciativa expone una falla institucional seria. Si hubo disparos en una vía pública, correspondía a los organismos competentes proteger los puntos relevantes, documentarlos y explicar oportunamente sus diligencias.
Reconocer esa omisión no convierte al comunicador en perito ni en auxiliar espontáneo del Ministerio Público. El reglamento dominicano sobre evidencias establece que, desde el inicio de una investigación, las autoridades deben asegurar su control desde la recolección hasta el juicio para evitar contaminación o adulteración. El plan de investigación de la Procuraduría añade que deben registrarse el lugar exacto, la persona que entra en contacto con cada elemento, las condiciones de conservación y todos los cambios durante su manejo.
Tolentino afirmó que su equipo utilizó guantes y que entregaría el material a la Fiscalía. Esos cuidados importan, pero no resuelven por sí solos la identidad, procedencia y continuidad de custodia de cada objeto. Tampoco corresponde afirmar desde fuera que los casquillos quedaron necesariamente inútiles: el abogado José Martínez Brito ha defendido que la zona ya había sido abandonada por las autoridades y que la manipulación no elimina automáticamente todo valor. La admisibilidad y el peso de esos elementos pertenecen a fiscales, peritos y jueces, no a un tribunal televisivo.
El episodio permite mirar una dinámica más amplia. Una plataforma de gran alcance puede premiar la sensación de acceso total: llegar primero, confrontar, exhibir y producir una respuesta inmediata. Cuando ese método recibe audiencia y respaldo constantes, quienes participan en el entorno pueden confundir capacidad de amplificación con facultad institucional. La influencia se vuelve poder prestado, y el poder prestado puede debilitar la percepción de los límites.
AntiFoke no puede afirmar que Santiago Matías ordenó esta actuación ni que trabajar en su ecosistema mediático la causó. Las fuentes consultadas no demuestran esa relación. La conexión es una hipótesis editorial sobre cultura organizacional: si un espacio normaliza que la notoriedad permite imponerse, sus integrantes pueden sentirse autorizados a extender su papel más allá de informar. Evaluar esa hipótesis exige observar patrones, incentivos, correcciones internas y respuestas ante los errores, no atribuir automáticamente a una persona cada decisión de sus colaboradores.
La responsabilidad sigue siendo individual. Tolentino debe explicar cómo, cuándo y dónde fueron encontrados los objetos, quiénes los tocaron y cómo fueron conservados. Las autoridades deben explicar por qué una búsqueda periodística encontró lo que una investigación oficial aparentemente no había asegurado. El medio debe preguntarse si convirtió una posible evidencia en espectáculo antes de garantizar su entrega y documentación. Cada actor responde por su parte.
El verdadero daño a terceros aparece cuando la competencia por dominar la conversación sustituye los procedimientos que protegen a todos. Puede perjudicar a quienes denuncian, a quienes son señalados, a la credibilidad del periodismo y a la capacidad de la justicia para establecer qué ocurrió. Poner límites no debilita una investigación periodística; la hace más confiable y evita que la influencia mediática se confunda con autoridad legal.